LOS OBSTACULOS DEL ESTADO PARA SER EFICIENTE EN SUS POLÍTICAS PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA...
- jdanip28
- 11 abr 2021
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Actualizado: 11 abr 2021
El recorrido estructural por esta investigación a tan fundamental y actual problemática en el país, conlleva a reflexionar sobre un macrocontexto social de violencia y desplazamiento forzoso en todo el territorio nacional, que se ha venido configurando desde el icónico ´Bogotazo´ a finales de los 40´s acto que finalmente se desplego en la nación, originando conceptos como el de guerrilla, victimas de conflicto, beligerancia, entre otros; En el marco del recrudecimiento de esta violencia política, económica, social, territorial, posteriormente a la firma del acuerdo de paz en 2016, nos ha trastocado en ciertas instancias, para lo cual se exponen distintos factores a tener en cuenta, para todos como Estado, en la formulación e implementación eficiente de normas, leyes como la Ley 1448 de 2011 etc; para así caer en cuenta sobre la administración eficaz, significativa, tangible y real reparación a los actores civiles, comunidades y territorios escenarios de estas acciones destructivas, transformado pasos como sociedad civil proactiva, armónica, con énfasis y visión de futuro que fortalezcan el capital social como matriz hacedor de un país como el nuestro, como Colombia.
Si tomamos por ejemplo lo dicho por los informes de seguimiento y monitoreo a la ley antes mencionada, por las comisiones interinstitucionales conformadas por Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo y organizaciones colectivas de representantes de victimas, instrumento presentado ante el congreso de la Republica, se concluye que a pesar de los avances registrados, a escasos 4 años de terminar la vigencia de la Ley y los Decretos Leyes, persiste el grave incumplimiento en la implementación de las medidas de atención, asistencia y reparación integral, así como lo relacionado con el derecho a la participación, y la restitución de derechos territoriales. El panorama es aún más preocupante frente a la garantía de los derechos de las víctimas étnicas, pues la estructura institucional no responde a sus necesidades geográficas, cuantitativas, culturales y poblacionales. Adicional y no menos importante también la ausencia de un plan financiero específico (CONPES) para la población víctima étnica ha sido un obstáculo estructural para la puesta en marcha de los Decretos Ley. Tanto así que la restitución de derechos territoriales correspondió escasamente al 4% del presupuesto de inversión apropiado por la Unidad de Restitución de Tierras para la vigencia fiscal de 2016. Asimismo, la Agencia Nacional de Tierras ha informado que con la asignación presupuestal actual, requeriría 78 años para superar las cuestiones no resueltas en materia étnica y agraria.
Las dificultades presupuestales y de articulación y coordinación impiden avanzar en resultados. A la fecha ninguno de los 522 procesos de reparación colectiva incluidos en el registro ha culminado. De otra parte las víctimas de violencia sexual aún siguen señalando falencias básicas en la atención en salud física y psicosocial. La Estrategias de Recuperación Emocional y el Programa de Atención Psicosocial Integral a las Víctimas no tienen mayor cobertura y su implementación se retrasa cada año por aspectos contractuales y presupuestales. Estos graves señalamientos tienen que irse volcando desde el sentido de la cooperación humana, no puede seguir siendo un tratamiento, abordaje e intervención desde el Bio-poder elitista, es decir partiendo de la gobernanza de Colombianos para Colombianos, no como sujetos de territorios externos, con ninguna clase de relación, como se es visible actualmente por gobiernos ultraderechistas radicales, corruptos y totalitaristas, como el vigente. Las raíces por sentir, entender, aceptar lo sucedido a las victimas y el ir asumiendo la corresponsabilidad Estatal en transformar sus realidades y el incorporarlos a un proyecto nación progresista, igualitario y equitativo, es lo que si tiene sensiblemente acompañar la formulación de estas normas, presupuestos, comunicación y articulación institucional, ejecuciones responsables y correctas, blindando espacios, mecanismos, recursos financieros, derechos, decisiones, jurisprudencia y funcionarios públicos, donde la permanente evaluación permita moldear mas problemas positivos y avances en la convivencia y la erradicación de esta violencia y no que nos condenemos a seguir siendo un país de víctimas en el presente y el futuro.
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